Imagen – Sello Reprobado
Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Guanajuato son las únicas entidades del país que continúan aplicando evaluaciones diagnósticas para medir el nivel de aprendizaje de sus estudiantes de educación básica y media superior, pese a la ausencia de un sistema nacional de evaluación. Estas mediciones se realizan con recursos propios, luego de que el gobierno federal eliminara las pruebas estandarizadas a nivel nacional desde 2019.
Las evaluaciones tienen como objetivo conocer el dominio de los aprendizajes clave en áreas como lenguaje, comunicación y matemáticas, considerados fundamentales para el desarrollo educativo. Los datos más recientes de la extinta prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) indicaban que el 55 % de los alumnos de tercero de secundaria obtuvo un bajo rendimiento en matemáticas, mientras solo un 9 % alcanzó un nivel sobresaliente.
Cancelación federal y respuestas locales
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se suspendieron tres pruebas clave: Planea, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, y TALIS, esta última dirigida a docentes y directivos, bajo auspicio de la OCDE. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), creada tras la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), también fue disuelta, lo que profundizó el vacío institucional en la medición educativa.
Ante este contexto, los gobiernos de los cuatro estados mencionados decidieron implementar sus propias herramientas de evaluación. La intención es identificar rezagos e impulsar estrategias de recuperación de aprendizajes, más allá de las directrices federales establecidas por la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Críticas a la omisión nacional
Especialistas advierten que la falta de una política nacional de evaluación compromete la calidad educativa y limita la capacidad de respuesta ante las brechas de aprendizaje. Algunos señalan que el hecho de que solo cuatro entidades —en su mayoría opositoras al gobierno federal— mantengan esfuerzos de evaluación refleja una politización de la educación, donde las decisiones se toman más por afinidad ideológica que por interés pedagógico.
Exfuncionarios educativos han recordado que las entidades federativas tienen la obligación de garantizar que niñas, niños y jóvenes aprendan, independientemente de las decisiones del gobierno federal. La inacción de la mayoría de los estados, señalan, representa una renuncia al derecho a aprender de millones de estudiantes.
Lectura de fondo
Educación sin medición: el riesgo de enseñar a ciegas
La suspensión de las pruebas nacionales no solo eliminó una fuente clave de información para diseñar políticas públicas, sino que debilitó el vínculo entre diagnóstico y mejora continua en el sistema educativo. Las evaluaciones no garantizan por sí mismas una mejor educación, pero sin ellas, el sistema carece de brújula para identificar carencias o avances. La decisión de algunos estados de continuar evaluando pone en evidencia una brecha creciente: la que separa a quienes intentan adaptar sus políticas a los hechos, y a quienes optan por navegar sin datos. En un país con desigualdades estructurales, medir lo que se aprende no es una opción: es un acto de responsabilidad.
