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El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar transacciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo y su presunto vínculo con organizaciones criminales mexicanas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro pruebas documentadas que sustenten las acusaciones y reiteró que México no tolerará impunidad, pero tampoco se someterá a juicios sin evidencia.
Según Washington, estas instituciones habrían canalizado millones de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, involucrando operaciones con los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva. El Departamento del Tesoro identificó estas entidades como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero.
Reacción del gobierno mexicano: cooperación sí, subordinación no
En su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que las autoridades mexicanas recibieron información confidencial semanas atrás a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, pero aseguró que los datos fueron vagos e insuficientes. A la fecha, dijo, no se ha entregado ningún documento que constituya prueba contundente.
“No negamos ni aceptamos [las acusaciones]. Si hay pruebas se actúa, si no las hay, no puede haber reconocimiento del delito”, afirmó. La mandataria reiteró que México está dispuesto a colaborar, pero no a someterse: “No somos piñata de nadie”, subrayó, insistiendo en que la relación bilateral debe regirse por el respeto y la equidad.
Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF realizaron investigaciones internas. Aunque detectaron faltas administrativas en algunos casos, no se hallaron elementos suficientes que vincularan directamente a las instituciones con operaciones ilegales. Las empresas chinas mencionadas, dijo Sheinbaum, están legalmente registradas y mantienen relaciones comerciales habituales con México.
Detalles de las acusaciones de EE.UU.
El Departamento del Tesoro sostiene que:
- CIBanco facilitó operaciones que beneficiaron a varios cárteles y permitió el lavado de 10 millones de dólares mediante una cuenta asociada al Cártel del Golfo.
- Intercam habría procesado fondos que terminaron en manos de proveedores chinos de precursores químicos. Se acusa a ejecutivos del banco de reunirse con miembros del CJNG para establecer esquemas de lavado.
- Vector está señalado por presuntamente blanquear 2 millones de dólares con origen en EE.UU. y facilitar pagos por un millón más entre 2018 y 2021 para la compra de químicos desde China.
Las tres instituciones han rechazado públicamente las imputaciones, alegando cumplimiento total de las normas legales mexicanas y de los mecanismos antilavado vigentes.
Lectura de fondo
Del fentanilo al sistema financiero: acusaciones, soberanía y tensiones bilaterales
El señalamiento a bancos mexicanos por parte de EE.UU. activa no sólo mecanismos legales, sino también políticos. La reacción de la presidenta Sheinbaum —exigiendo pruebas, pero sin descartar colaboración— revela una estrategia de defensa de soberanía frente a una narrativa internacional que asocia a México con los eslabones del narcotráfico. En un contexto donde el fentanilo ha redefinido la política exterior estadounidense en materia de seguridad, estos señalamientos ponen a prueba la relación bilateral y la capacidad institucional mexicana de responder sin quedar atrapada entre presiones externas y desafíos internos. El sistema financiero se vuelve así no solo un blanco operativo, sino un campo de disputa diplomática.
