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El Gobierno de Nuevo León decretó oficialmente al Río Santa Catarina como Área Natural Protegida en toda su extensión, desde la Sierra Madre hasta la presa El Cuchillo. La medida busca preservar su biodiversidad y frenar cualquier tipo de intervención humana que altere su equilibrio ecológico.
El anuncio se dio durante una jornada de limpieza organizada por el gobierno estatal bajo el Puente Atirantado, donde participaron más de mil 500 personas, entre personal de distintas secretarías, voluntarios y colectivos. Se recolectaron aproximadamente 80 toneladas de residuos sólidos.
El decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, reconoce al cauce como un “Santuario Biológico”, y contempla la creación de una División Ambiental encargada de vigilar y proteger el río los 365 días del año, con énfasis en evitar construcciones indebidas, desechos ilegales y afectaciones a flora y fauna, incluidas especies endémicas y en riesgo.
Coordinación intergubernamental y próximos pasos
Como parte de los compromisos, el gobierno estatal anunció que trabajará en conjunto con los municipios que atraviesa el cauce —Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Cadereyta—, además de establecer convenios con dependencias federales como CONAGUA.
También se contemplan acciones a largo plazo para promover la restauración ecológica del río, generar oportunidades de investigación científica y ofrecer espacios seguros para la recreación en armonía con el ecosistema. En días recientes, también se sancionó a un parque industrial por descargar residuos contaminantes en otro afluente, lo que evidencia una postura más activa del gobierno frente a la contaminación industrial, aunque no se revelaron detalles de la empresa responsable.
Lectura de fondo
De río urbano a santuario protegido: ¿nuevo modelo de gestión ambiental?
La declaratoria del Río Santa Catarina como Área Natural Protegida representa un giro significativo en la visión urbana de Nuevo León. Frente a décadas de intervenciones que transformaron el cauce en espacio comercial o recreativo ajeno a su función ecológica, el nuevo enfoque intenta resignificar al río como patrimonio ambiental. Esta decisión no sólo busca remediar el abandono institucional, sino también establecer un modelo replicable de gobernanza intermunicipal y corresponsabilidad ciudadana. Aun así, su éxito dependerá de la vigilancia sostenida, la asignación de recursos reales y la capacidad de disuadir intereses privados que históricamente han lucrado con su ocupación.
