Imagen: Huachicol, Wikimedia Commons
Las autoridades federales y estatales aseguraron un total de 1.2 millones de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en un predio del municipio de Allende, Nuevo León, como parte de una serie de cateos coordinados para combatir el robo de combustibles. El operativo se realizó tras una orden de cateo emitida por un juez de control, luego de trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil en la zona.
Durante la intervención en la colonia El Maguey, las fuerzas de seguridad incautaron 10 pipas, seis tanques cilíndricos, 10 contenedores móviles, dos bidones de mil litros, un tambo de 200 litros y un tractocamión. También se hallaron mangueras, bombas despachadoras y otras herramientas de transferencia de hidrocarburos. El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo, y la carpeta de investigación fue turnada al Ministerio Público Federal.
Otro golpe simultáneo: cierran refinería clandestina en Veracruz
En paralelo, se desmanteló una refinería clandestina ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se recuperaron aproximadamente 500 mil litros de crudo. La instalación operaba sin permisos y transformaba residuos industriales en diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo. El sitio representaba un riesgo ambiental y de seguridad, al contar con equipo industrial sin cumplir normas técnicas ni de protección civil.
Este segundo golpe se suma a otros decomisos recientes, como el de más de tres millones de litros asegurados en Tabasco el mes pasado. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas acciones forman parte de una estrategia nacional contra el huachicol, que busca frenar la pérdida fiscal y el financiamiento al crimen organizado.
Lectura de fondo
Robo de combustible: entre crimen organizado y estrategia institucional
Los operativos simultáneos en Nuevo León y Veracruz evidencian la complejidad y escala de las redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos. Más allá de las cifras incautadas, el fenómeno del huachicol sigue siendo una amenaza estructural para el Estado mexicano, con implicaciones fiscales, ambientales y de seguridad. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y el respaldo judicial marca un avance en la respuesta institucional, pero también revela los retos de fondo: infraestructura informal extendida, altos márgenes de ganancia y zonas de control parcial del territorio. El combate al huachicol no se juega sólo en cateos puntuales, sino en la reconstrucción de legalidad en sectores donde esta ha sido largamente erosionada.
