Imagen – Senado de la República
La reducción de la jornada laboral en México dio un paso clave luego de que el Senado de la República aprobara por unanimidad una reforma constitucional que plantea pasar de 48 a 40 horas semanales de trabajo de manera gradual hasta 2030. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aún deberá avanzar en la Cámara de Diputados para completar su proceso legislativo.
Aunque el aval general fue unánime, el debate evidenció tensiones entre oficialismo y oposición por el alcance real de la reforma, especialmente por la ausencia explícita de dos días de descanso obligatorio y por el aumento del límite de horas extra permitido.
Una reforma histórica… pero gradual
La modificación al artículo 123 constitucional establece una transición progresiva hacia la jornada de 40 horas. De acuerdo con el calendario planteado, la reducción comenzaría en 2027 y avanzaría dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite en 2030, una estrategia que el oficialismo defiende como necesaria para evitar impactos abruptos en la economía y en el sector empresarial.
Desde Morena se ha insistido en que el objetivo es cumplir con una demanda histórica de la clase trabajadora sin comprometer la estabilidad económica del país. Legisladores oficialistas señalaron que la gradualidad responde a acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con sindicatos, empresas y especialistas.
El punto de quiebre: los días de descanso
El debate legislativo se centró en la omisión de una garantía explícita sobre dos días de descanso semanales. Legisladores de oposición argumentaron que reducir horas sin asegurar cinco días de trabajo podría dejar la reforma incompleta, ya que el texto aprobado no modifica de manera directa la regla vigente que establece al menos un día de descanso por cada seis trabajados.
Desde Movimiento Ciudadano, PRI y PAN se insistió en que la clase trabajadora busca una transformación más profunda que incluya descanso real y condiciones laborales más equilibradas. Aun así, estas bancadas votaron a favor del proyecto al considerar que representa un avance frente al esquema actual.
Horas extra y críticas por el alcance de la reforma
Otro de los puntos polémicos fue el aumento del límite de horas extra semanales, que pasaría de nueve a doce, con pago doble en la mayoría de los casos. Para sectores críticos, este cambio podría contrarrestar parte de los beneficios de la reducción de jornada si las empresas recurren con frecuencia al tiempo extraordinario.
Legisladores opositores también cuestionaron que la implementación se extienda hasta 2030 y no entre en vigor de manera inmediata, argumentando que la gradualidad responde a negociaciones con el sector empresarial.
Un cambio con raíces históricas
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral tiene antecedentes desde el sexenio anterior, cuando iniciativas similares enfrentaron resistencia por falta de consensos políticos y económicos. La propuesta actual retoma ese impulso y lo coloca como una de las prioridades del nuevo gobierno federal, bajo la narrativa de fortalecer el Estado de bienestar y alinear a México con estándares internacionales en materia laboral.
En términos estadísticos, el contexto también pesa: las personas trabajadoras en México superan en promedio las 2,100 horas laborales al año, una cifra superior al promedio de países industrializados, lo que ha alimentado el debate sobre la necesidad de equilibrar productividad y bienestar.
Lo que sigue en el proceso legislativo
Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados, donde aún podría enfrentar ajustes o resistencias políticas. De avanzar sin modificaciones, el Congreso tendría posteriormente un plazo para armonizar la legislación secundaria y establecer las reglas específicas para la transición hacia la nueva jornada laboral.
Lectura de fondo
Entre justicia laboral y equilibrio económico
La discusión sobre la jornada de 40 horas refleja una tensión clásica en las reformas laborales: cómo mejorar las condiciones de vida sin alterar de forma abrupta el funcionamiento del mercado de trabajo. Para el oficialismo, la gradualidad es una forma de asegurar viabilidad económica; para la oposición, el riesgo es que la reforma termine siendo más simbólica que transformadora.
Más allá del debate político, el cambio marca un giro relevante en la conversación pública sobre el tiempo de trabajo. Durante décadas, la jornada de 48 horas fue parte estructural del modelo laboral mexicano; reducirla implica replantear la relación entre productividad, descanso y calidad de vida. El verdadero impacto de la reforma dependerá no solo del texto constitucional, sino de cómo se traduzca en prácticas laborales reales y en la experiencia cotidiana de millones de trabajadores.