Imagen – X, RicardoBSalinas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este jueves uno de los litigios fiscales más prolongados y mediáticos de la última década: el conglomerado Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá cubrir varios créditos fiscales que suman decenas de miles de millones de pesos, derivados de irregularidades en el cálculo de pérdidas y el pago de impuestos entre 2008 y 2013.
Aunque los montos exactos dependen de recargos acumulados por más de 10 años, las cifras difundidas oscilan entre 33 mil millones y 50 mil millones de pesos, dependiendo del conjunto de juicios contables y actualizaciones acumuladas.
Para la Corte, los argumentos del grupo empresarial no demostraron violaciones constitucionales ni errores de fondo en los criterios previamente establecidos por tribunales colegiados, que ya habían fallado en contra de la empresa en instancias anteriores. Con esta resolución, el camino judicial dentro del país queda prácticamente agotado.
La reacción del conglomerado y del empresario
Tras conocerse el fallo, Grupo Salinas emitió un mensaje calificando la decisión como una violación a sus derechos humanos y acusó una supuesta persecución política. Sostuvo que, durante más de una década, su fundador ha sido blanco de hostigamiento gubernamental, señalando menciones reiteradas en conferencias matutinas, procesos administrativos y campañas de desprestigio.
Ricardo Salinas, por su parte, reaccionó en redes sociales con un tono desafiante, afirmando que el gobierno buscaba obtener el pago mediante presión mediática. También insinuó que acudirá a instancias internacionales para continuar la disputa y cuestionar lo que considera cobros indebidos y multas desproporcionadas.
El grupo empresarial advirtió que llevará el caso ante organismos internacionales para exigir lo que considera un cálculo justo y una revisión de los procedimientos que, desde su perspectiva, constituyen un “acoso político”.
Un litigio histórico que cierra un ciclo
Los juicios resueltos abarcan años de reclamos del SAT relacionados con deducciones infladas por parte de Elektra, una de las empresas centrales del conglomerado. Según la autoridad fiscal, estas operaciones redujeron indebidamente la carga tributaria del grupo, lo que dio origen a múltiples reclamaciones que terminaron acumulando recargos crecientes a lo largo de más de una década.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto énfasis en combatir a los grandes deudores, buscando fortalecer la recaudación sin recurrir a una reforma fiscal mayor. En ese contexto, el caso de Grupo Salinas tenía una carga simbólica considerable, tanto por el monto involucrado como por los enfrentamientos públicos entre el empresario y el gobierno.
Aunque todavía permanecen un par de asuntos por resolver en la Corte, su valor es marginal comparado con los litigios ya concluidos. Con la resolución de este jueves, el núcleo del conflicto queda definido en favor de Hacienda.
Lectura de fondo
Una disputa técnica que se volvió política
El caso de Grupo Salinas ilustra cómo un conflicto originalmente técnico y fiscal puede transformarse, con el paso de los años, en un enfrentamiento público de alto perfil. La prolongación del litigio, las menciones constantes del empresario en espacios políticos y las respuestas directas desde redes sociales convirtieron un procedimiento fiscal en un debate nacional.
Más allá del tono confrontativo, el fallo de la Suprema Corte cierra un proceso institucional que llevaba más de una década y reafirma los criterios judiciales en materia de créditos fiscales. Aunque el conglomerado insista en llevar el caso a tribunales internacionales, lo cierto es que el núcleo jurídico ha sido definido dentro del país.
El desafío ahora para el gobierno será mostrar cómo impactará esta resolución en su estrategia de recaudación; para el empresario, cómo reconfigurará su narrativa pública tras una derrota judicial que llevaba años anticipándose.