Imagen – Plaza vs Red
Durante siglos, la política tuvo una verdad incómoda que se repetía con distintas máscaras: el poder podía caer si una multitud decidía que ya no obedecería. No porque el pueblo fuera invencible, sino porque el Estado no siempre tenía un margen infinito para imponer su voluntad. Gobernar era, en parte, administrar la posibilidad de un estallido.
De ahí nace una frase que circula como máxima moral y como advertencia histórica: “el gobierno debería temer al pueblo”. En su versión más literal, esa idea se apoyaba en una realidad material: la fuerza del Estado era grande, pero no absoluta; su capacidad de control era costosa, visible y muchas veces lenta. Y, sobre todo, el conflicto político podía dirimirse en el espacio físico, con un lenguaje directo de cuerpos y calles.
Pero el Estado moderno cambió la ecuación. No solo por el armamento, sino por algo más decisivo: la infraestructura.
La ventaja ya no es el arma, es el sistema
Es tentador explicar el cambio como una carrera de violencia: antes, el pueblo podía acceder a herramientas comparables a las del Estado; hoy, la distancia es enorme. Un ciudadano puede tener un arma, pero el Estado posee capacidades que se mueven en otra escala: vigilancia, inteligencia, drones, control territorial, recursos ilimitados para sostener una respuesta prolongada.
Sin embargo, la transformación más profunda no está en el extremo de lo destructivo. Está en lo cotidiano y lo persistente. El poder ya no se sostiene solo en la capacidad de ejercer fuerza, sino en la capacidad de organizar la vida social desde abajo: documentos, registros, redes de comunicación, dinero digital, logística, permisos, datos, administración.
Ese giro cambia la naturaleza del miedo. En el pasado, el temor era a la multitud en la plaza. En el presente, el Estado no necesita temer a la plaza si controla los flujos que hacen posible que la plaza dure.
Antes, la calle era el tablero principal
En revoluciones y levantamientos de otros siglos, el espacio público tenía un papel central por una razón simple: era donde el poder se veía y se rompía. Los Estados dependían de líneas de comunicación vulnerables, de mensajeros, de burocracias pequeñas, de ejércitos limitados, de sistemas de identificación imperfectos. El control tenía grietas inevitables.
En ese mundo, una multitud podía desbordar a una guarnición, paralizar una ciudad, impedir el cobro de impuestos, interrumpir abastecimientos. El conflicto era directo. Incluso cuando el Estado reprimía, el costo era alto y visible: cada acción generaba reacciones, simpatías, fracturas internas.
La calle, en ese sentido, era un espacio donde el pueblo podía “intimidar” porque el Estado, a veces, no podía sostener el choque sin desgastarse.
Hoy, el poder aprendió a volverse discreto
El Estado contemporáneo no necesita convertir cada crisis política en una batalla abierta para recuperar control. Puede hacerlo por capas, de manera menos espectacular, más administrativa y más difícil de narrar como “gran enfrentamiento”.
La diferencia clave es que la coerción ya no tiene que ser siempre física. Puede ser burocrática. Puede ser económica. Puede ser digital. Puede ser la imposibilidad práctica de coordinarse, de desplazarse, de financiarse, de comunicar mensajes con continuidad.
Esto no vuelve al Estado omnipotente, pero sí cambia la relación entre protesta y resultado. La disputa se mueve del choque visible a la resistencia prolongada. Y la resistencia prolongada, en una sociedad hiperdependiente de infraestructura, es más difícil de sostener.
La nueva asimetría es la coordinación
Un gobierno moderno suele tener una ventaja decisiva: coordinación centralizada. Puede actuar como un solo cuerpo con múltiples brazos. La población es plural por naturaleza: intereses distintos, ritmos distintos, vidas distintas. Eso no es un defecto; es una característica de cualquier sociedad. Pero en un conflicto político prolongado, la pluralidad puede ser una fragilidad si no logra sostener unidad.
En el pasado, la coordinación se lograba por proximidad: barrio, plaza, imprenta, sindicato, asamblea, iglesia, comité. Hoy, gran parte de la coordinación ocurre por canales que pueden interrumpirse, vigilarse o saturarse. Y esa posibilidad de interrupción no necesita ser permanente para ser efectiva: basta con volver costoso el vínculo.
Cuando la coordinación se encarece, el “pueblo” deja de ser una masa intimidante y se convierte en fragmentos simultáneos.
El control moderno no se ejerce solo con miedo
Hay otra dimensión que conviene mirar sin romanticismo. El Estado moderno no se sostiene únicamente por coerción. Se sostiene porque, en la vida cotidiana, millones cooperan. Pagan, trabajan, estudian, hacen trámites, usan servicios, aceptan reglas. Esa cooperación es el verdadero combustible del orden social.
Por eso, en términos estrictos, el Estado no necesita intimidar a todos todo el tiempo. Solo necesita mantener una mezcla funcional de legitimidad, rutina y capacidad de castigo selectivo. El ideal del control total es más un mito que una realidad, pero el control selectivo —el que desincentiva, el que fragmenta, el que agota— puede ser suficiente.
En este punto, el poder deja de parecer un muro y se parece más a un clima: un conjunto de condiciones que vuelven ciertas cosas improbables.
El límite del Estado no es técnico, es político
Aunque la balanza material se incline hacia los gobiernos, hay una verdad que la historia insiste en repetir: ningún Estado gobierna solo con fuerza. Gobierna porque su propio aparato obedece. Y el aparato no es una máquina neutral: está hecho de personas, instituciones, intereses, confianza, lealtades y, a veces, fisuras.
Cuando un Estado pierde legitimidad de forma profunda, debe gastar más energía para obtener lo mismo. Cuando debe gastar más energía para obtener lo mismo, se vuelve más frágil. Y cuando se vuelve más frágil, aumenta el riesgo de fractura interna: deserciones, desacuerdos, crisis de gobernabilidad, parálisis.
La superioridad tecnológica no garantiza cohesión. Y sin cohesión, el poder se vuelve pesado.
La intimidación cambió de dirección
La idea de “intimidar” también se transformó. Antes, el pueblo podía intimidar por la amenaza de choque físico. Hoy, la intimidación más efectiva contra un Estado moderno rara vez es frontal. Suele estar ligada a otra clase de fuerza: la que interrumpe cooperación a gran escala, la que erosiona legitimidad, la que vuelve ingobernable un sistema sin convertirlo en campo de batalla.
En ese escenario, la pregunta deja de ser “quién tiene más armas” y se vuelve “quién puede sostener más tiempo su capacidad de coordinar, narrar y resistir”.
Y ahí aparece una conclusión incómoda: en sociedades altamente tecnificadas, el poder se disputa tanto en la infraestructura como en la calle. A veces más.
Qué queda, entonces, de la frase
Decir que “el gobierno debería temer al pueblo” puede seguir funcionando como idea ética, pero como descripción literal del equilibrio material de fuerzas se vuelve menos precisa. No porque el pueblo haya perdido relevancia histórica, sino porque el Estado moderno aprendió a trasladar el conflicto a zonas donde la ventaja no es el valor físico, sino el control de sistemas.
La frase, en el siglo XXI, quizá necesita traducción: el poder no teme a una multitud por su capacidad de choque, sino por su capacidad de retirar cooperación, romper unanimidades, producir crisis de legitimidad y fracturar la obediencia del aparato.
No es un final épico. Es un cambio de gramática.
Lectura de fondo
El miedo cambió de forma
La modernidad no eliminó el conflicto político: lo volvió más estructural. La pregunta central ya no es solo quién gana una batalla, sino quién controla los mecanismos que hacen posible la vida diaria. Cuando el poder se vuelve infraestructura, resistir deja de ser un gesto y se convierte en un problema de duración.
Esta transformación también reconfigura nuestra imaginación histórica. La épica del siglo XIX —la plaza, la barricada, el choque— se enfrenta a un siglo XXI donde el control puede operar sin escena, y donde la violencia extrema no es necesaria para dominar: basta con que la coordinación se vuelva inviable.
Pero incluso en ese paisaje, el límite del poder sigue siendo humano. Un Estado puede ser tecnológicamente superior y, aun así, políticamente frágil si pierde la adhesión de quienes lo sostienen. El miedo, entonces, no desaparece: cambia de lugar. Ya no es solo miedo al cuerpo del pueblo; es miedo a la pérdida de gobernabilidad. Y eso, en última instancia, es miedo a que el sistema deje de funcionar.