Imagen – Samuel García, Gobierno de Nuevo León
El Gobierno de Nuevo León formalizó la creación del Registro Estatal de Deudores de Alimentos, un mecanismo que busca visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias hacia niñas, niños y adolescentes. El decreto fue presentado en Palacio de Gobierno por el gobernador Samuel García y por Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León.
La administración estatal enmarcó esta medida dentro de una agenda de protección a la infancia y fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Según lo expuesto, el registro permitirá que diversas instituciones identifiquen a quienes mantienen adeudos alimentarios y activen restricciones mientras permanezcan en incumplimiento.
Entre las sanciones enlistadas se encuentran la imposibilidad de renovar o tramitar licencia de conducir, contraer matrimonio civil, participar en procesos de adopción, aspirar a puestos judiciales o desempeñar cargos públicos. Quienes busquen ocupar espacios de designación estatal o competir en elección popular también quedarán impedidos mientras se mantenga el adeudo.
Además, las autoridades advirtieron que cualquier funcionario o persona que intente encubrir a un deudor alimentario podrá ser sancionado. El decreto se articula con otras reformas recientes, como los registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares, la llamada “ley 3 de 3” contra la violencia y la iniciativa penal para castigar a quienes falseen ingresos con el fin de evadir pensiones.
Durante la presentación, se destacó que la obligación alimentaria abarca alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, vestido, recreación y otros gastos esenciales para el desarrollo de la niñez. La Secretaría de las Mujeres subrayó que privar a un menor de estos elementos implica limitar su derecho a una vida digna.
Lectura de fondo
La creación del registro forma parte de una tendencia nacional y regional cuyo objetivo es cerrar espacios de impunidad en materia familiar. La estrategia busca trasladar el incumplimiento de una responsabilidad doméstica —históricamente relegada al ámbito privado— a un terreno institucional, donde existan consecuencias públicas y administrativas.
El desafío, sin embargo, va más allá del diseño legal. El funcionamiento de este tipo de registros depende de su actualización constante, la coordinación entre dependencias y la capacidad de los sistemas judiciales para resolver casos con rapidez y precisión. Las sanciones pueden generar presión efectiva para asegurar el cumplimiento, pero su éxito real se medirá en la reducción de rezagos y en la mejora tangible de las condiciones de infancia y adolescencia.